“La clínica ha sido muy bienvenida”
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“La clínica ha sido muy bienvenida”
En septiembre del año pasado, el ITESO y la Loyola Marymount University en Los Ángeles echaron a andar la Clínica Jurídica de Migración para atender a personas en situación de movilidad humana. Su coordinador en Guadalajara, Eduardo Osornio, cuenta que el proyecto ha tenido una buena recepción y ya están acompañando casos de personas deportadas.
Édgar Velasco
Dicen que los grandes problemas requieren grandes remedios. El inicio de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos supuso un gran problema para las personas en situación de movilidad: la persecución y las deportaciones se volvieron un tema de todos los días. Como respuesta, el ITESO y la Loyola Marymount University, en Los Ángeles, idearon un gran remedio: la creación de una clínica jurídica binacional que pueda brindar atención a personas con problemas migratorios, deportadas o solicitantes de refugio. Inaugurada en septiembre del año pasado, de entonces a la fecha “la clínica ha sido muy bienvenida, tanto por la comunidad universitaria como por la población, sobre todo en un contexto en el que cada vez hay menos personas que pueden brindar servicio legal gratuito a población vulnerable”, dice Eduardo Osornio, coordinador de la sede en Guadalajara y profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO.
Los trabajos que realiza la Clínica Jurídica de Migración tienen dos componentes principales: uno, brindar apoyo directo a personas migrantes, deportadas o refugiadas; dos, fungir como un espacio de formación donde los y las estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos que adquieren en las aulas. “Es un trabajo muy interesante. En este momento es la única clínica binacional, al menos en México, entonces es un proyecto muy innovador en momentos en los que la política migratoria del país va de la mano de la de Estados Unidos. Es un trabajo importante para proteger los derechos de una población tan vulnerable”, explica Osornio García.
En lo que tiene que ver con la formación de estudiantes, el coordinador de la Clínica Jurídica de Migración explica que en el semestre Primavera 2026 comenzó a impartirse una materia optativa sobre migración y refugiados, dirigida al estudiantado de las licenciaturas en Relaciones Internacionales, Derecho y Gestión Pública. De manera simultánea, con los estudiantes se comenzaron a hacer visitas a diferentes albergues para ir fortaleciendo los vínculos con la sociedad civil. Además, han estado trabajando con el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) del Centro Universitario de Incidencia Social (Coincide).
Por otra parte, en lo relacionado con los servicios que ofrece la clínica —desde donde han acompañado 16 casos—, Eduardo Osornio dice que “brindamos acompañamiento legal a solicitantes de refugio para apoyarles con el trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), así como la regularización migratoria ante el Instituto Nacional de Migración. Una de las fortalezas que tiene ser una clínica binacional es que podemos acompañar casos de personas deportadas, no sólo mexicanas, sino de cualquier nacionalidad, que por alguna razón están en Guadalajara o que acá tienen su red de apoyo y que tienen tal vez algún mecanismo para intentar pelear su reingreso a Estados Unidos”. En ese sentido, el coordinador explica que también están llevando casos en coordinación con la sede de Los Ángeles, cuando allá detectan que los casos van a terminar en Guadalajara. Todo este trabajo se complementa con visitas mensuales del equipo de la Loyola Marymount University, así como con la participación en redes de clínicas y en foros de escuelas de derecho en Estado Unidos. “Este año hemos tenido participación en tres espacios y también visitamos la clínica en Los Ángeles para replicar la metodología que llevan. Yo les impartí clases para que tengan el contexto del marco normativo mexicano, como cuando viene la maestra Marisa [Montes] y da clases al alumnado del ITESO sobre lo que es el contexto de migración y procesos jurídicos allá en Estados Unidos”.
Eduardo Osornio García ha trabajado en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y refugiados desde hace doce años. Platica que comenzó haciendo trabajo humanitario para Naciones Unidas en la frontera y poco a poco se fue involucrando con el tema. “Yo quería llevar casos, pero no lo podía hacer con Naciones Unidas, así que me fui involucrando con organizaciones no gubernamentales locales”. También trabajó en el Servicio Jesuita a Refugiados, en Asylum Acces y en HIAS México, además de ser fundador de la Clínica de Atención a Personas Refugiadas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Cuenta que fue durante un encuentro de clínicas jurídicas, organizado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que conoció a Marisa Montes, quien se le acercó para invitarlo a sumarse al proyecto de la clínica jurídica binacional. “Yo siempre había querido trabajar con población deportada. Casi no hay proyectos humanitarios con esta naturaleza y este proyecto te da esa oportunidad. Además, es un área para aprender también del derecho de Estados Unidos y acompañar a nuestros compatriotas en estos procesos”, dice Osornio García.
Sobre el trabajo por venir, explica que hay dos “pilares principales: uno, posicionarnos para que nos conozca la población deportada que no sabe que existe este tipo de proyectos que les dé acompañamiento legal y de acceso a sus derechos; el otro es generar incidencia y un cambio en las políticas restrictivas por parte del Instituto Nacional de Migración, y la única forma es con el litigio estratégico. Queremos identificar casos que podamos llevar a instancias de amparo y lograr sentencias que puedan generar cambios estructurales”.
Para el coordinador, el surgimiento de la Clínica Jurídica de Migración llega en un momento clave. “En el contexto actual son más necesarios este tipo de proyectos, porque es cuando hay más violaciones de derechos humanos y cuando se necesitan más personas que puedan brindar este tipo de orientación”. En esa línea, afirma que uno de los principales retos es confrontar a las autoridades, pues si bien hay una ley y un marco de derechos humanos, “al final de cuentas la política migratoria y las decisiones van hacia otro rumbo. Tenemos que optar por la confrontación, sobre todo en términos jurídicos, para poder generar algún tipo de cambio”.
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